Limitantes procesales para la conciliación de los delitos contra la propiedad y su incompatibilidad con el artículo 190 de la Constitución

Abstract

El presente estudio analiza las tensiones jurídicas que surgen entre el artículo 663 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal —que impone un umbral económico de 30 salarios básicos unificados para la conciliación de los delitos patrimoniales— y el principio restaurativo del artículo 190 de la Constitución ecuatoriana, constatando que dicha restricción no sólo contradice el mandato constitucional de reparación integral, sino que además excluye injustificadamente conductas como la estafa, cuyo daño puede ser resarcido independientemente de su cuantía. Se concluye que el límite económico vigente genera incertidumbre jurídica dentro del marco penal ecuatoriano, ya que dicho baremo monetario tiende a limitar la efectividad de la justicia restaurativa en esta clase de conflictos. Por estos motivos, se afirma que es imperativo que se reformule la normativa penal para eliminar la restricción de los 30 salarios básicos unificados, permitiendo que la conciliación se aplique de manera flexible en todos los delitos contra la propiedad, hecho jurídico que sería totalmente acorde con los principios constitucionales vigentes, para poder llegar a garantizar siempre la reparación integral de la víctima en esta clase de hechos punibles.