La respuesta de la Comunidad Andina frente a la minería y degradación ambiental

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la respuesta institucional y la normativa de la Comunidad Andina (CAN) frente a la minería y sus efectos de degradación ambiental, se examina su marco jurídico, la implementación en los países miembros y también se determina su impacto en el Ecuador. Metodológicamente se hace un análisis histórico-evolutivo abordando instrumentos como las Decisiones 391, 523, 763, 774 y 864, bajo el enfoque teórico de la investigación regional y la estructura ambiental supranacional. Entre los principales hallazgos, se evidencia una profunda brecha estructural entre el diseño de la normativa de la CAN y su aplicación efectiva. Existen marcadas asimetrías institucionales entre los países miembros que generan condiciones propicias para un arbitraje regulatorio, de modo que, ante los déficits de control transfronterizo, las redes criminales vinculadas a la minería ilegal pueden desplazarse en la práctica hacia jurisdicciones con menor capacidad sancionatoria. En el caso de Ecuador, aunque el Estado ha incorporado en su ordenamiento interno las directrices de la CAN, endureciendo las sanciones penales frente a la minería ilegal en concordancia con la Decisión 774, la efectividad de estas normativas se ve limitada en su aplicación territorial. Esta situación evidencia una tensión entre las orientaciones del modelo extractivista adoptado por el Estado ecuatoriano y los compromisos ambientales adquiridos en el marco regional, lo que se traduce en una mayor exposición de los ecosistemas y de los territorios de los pueblos indígenas a los impactos de la expansión minera.