Vulneración del Derecho de Defensa en el Procedimiento Directo

Abstract

El Derecho de Defensa” considerado como una de las mayores Garantías Constitucionales del debido proceso, y reconocido en los Instrumentos Internacionales, a través del cual se controla los excesos del poder punitivo, protege al justiciable inmerso en un proceso penal, rodeándole de garantías y derechos, como a ser juzgado por parte del órgano jurisdiccional natural, imparcial e idóneo, tener conocimiento de la atribución delictiva, ser oído, contar con la asistencia de un defensor técnico de confianza o de oficio, ofrecer y controlar prueba, contestar la acusación y presentar recursos y realizar todas las instancias tendientes a sus derechos e intereses. A través de este estudio doctrinario en contraste con el procedimiento directo, rápido, que tiene una duración de 10 días, implementado en el nuevo sistema Penal Ecuatoriano, en el cual se concentran todas las etapas del proceso ordinario en una sola audiencia, y solo procede en casos de delitos flagrantes, sancionado con una pena privativa de libertad hasta cinco años, y en todos los delitos contra la propiedad que no excedan de treinta salarios básicos unificados del trabajador, se puede determinar claramente que se vulneran los derechos y garantías del procesado sometido a un juicio de procedimiento directo. Por tal motivo, siempre es conveniente, por una parte, se establezcan resguardos claros para el encartado, y por otra, los jueces no deben aplicar estos mecanismos de un modo automático, sino que siempre deben controlar que cumplan su cometido que se respeten las garantías constitucionales del debido proceso.